La Unión Europea está lista para introducir una nueva legislación este mismo mes de marzo que afectaría significativamente a la forma en que funciona el App Store en Europa, informa The Wall Street Journal.
La Ley de Mercados Digitales ha estado en desarrollo durante algún tiempo y la versión final que podría completarse este mes permitirá la descarga de otras fuentes y opciones alternativas a la tienda de aplicaciones.
Apple estará obligada permitir a los clientes de Europa descargar aplicaciones fuera de las tiendas de aplicaciones, y también permitirá a los desarrolladores utilizar métodos de compra alternativos.
El incumplimiento de la ley podría costarle a Apple decenas de miles de millones de dólares, y los esfuerzos de Apple para luchar contra el acto no han tenido éxito.
En noviembre, el jefe de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi, dijo que la apertura a descargar desde diferentes tiendas exigida por la Ley de Mercados Digitales abriría las “compuertas” al malware. La legislación, dijo Federighi, “eliminaría la posibilidad de elegir una plataforma más segura”.
En una declaración proporcionada a The Wall Street Journal, Apple compartió un sentimiento similar.
Los gobiernos y los organismos internacionales de todo el mundo han desaconsejado explícitamente los requisitos de descargas alternativas, lo que paralizaría las protecciones de privacidad y seguridad que los usuarios se han acostumbrado a esperar”.
Los funcionarios europeos no se han sentido influidos por los argumentos relacionados con la privacidad y la seguridad de Apple, y en julio, la jefa de competencia digital de la Unión Europea, Margrethe Vestager, dijo que Apple no debería usar excusas de privacidad para limitar la competencia. “Los clientes no renunciarán ni a la seguridad ni a la privacidad si utilizan otra tienda de aplicaciones o si descargan de otras fuentes”, dijo.
El alcance total de la disposición de descargas alternativas en el proyecto de ley aún no se conoce, ya que el lenguaje final podría dar a Apple cierto espacio para limitar la proliferación de tiendas.
Una vez finalizado el proyecto de ley, será aprobado por el Parlamento y los Estados miembros, y entrará en vigor a principios del próximo año.
