Empresas tecnológicas y consumidores piden en el Congreso una «modificación total» del canon digital

2010-canon-digital.jpgDiversas asociaciones de empresas tecnológicas y consumidores exigieron ayer en la subcomisión que estudia en el Congreso de los Diputados la posible reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que se cambie antes de que termine la legislatura la ley para reformar el actual canon digital.

Así, el presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Móner, pidió la «modificación total» de la ley para establecer «cualquier otro medio» para proteger la propiedad intelectual que «no pase por la obligación de un tipo de pago», como el canon digital, que grava todos los soportes.

Concretamente, abogó por que no todos los usuarios «tengan que pagar lo mismo» cuando compran un CD, independientemente del uso que le vaya a dar, o, si se mantiene el canon en la futura reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que sea con «cuantías mucho más bajas».

En este sentido, Móner se quejó de que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual «hacen muchas más cosas y no solamente pagar a los creadores» con el dinero del canon digital, de forma que, a su juicio, esas entidades que «se denominan sin ánimo de lucro no lo son tanto».

Por su parte, el director general de la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Asimelec), José Pérez, apostó también por que se reforme el canon digital para que «las administraciones públicas y las empresas» estén exentas de pagarlo, ya que lo «elevado de los importes» que esta tasa implica para las compañías en España «genera un diferencial importante respecto a Europa».

En este sentido, aunque comprendió que sería «difícil» eliminar el canon digital, indicó que es necesario «revisarlo» y, «cuanto menos, reducir su importe y su impacto respecto a los usuarios y ciudadanos».

Por otro lado, respecto a la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible sobre descargas ilegales aseguró que a la asociación le «preocupa» que la iniciativa para cerrar una página web provenga de «sólo de una comisión arbitral –perteneciente al Ministerio de Cultura– en la cual hay partes interesadas». «Dejemos los procesos judiciales como hasta ahora, libres de iniciativa y de gestión», subrayó.

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