La SGAE paralizó un informe que hubiera podido abaratar el canon

Las entidades de gestión de derechos de autor SGAE y Egeda han paralizado desde el pasado mes de marzo la entrega a la Fiscalía de un informe que, de haberse hecho público, hubiera podido suponer una reducción de la recaudación que se obtiene gracias a la figura del canon digital.

Este estudio, elaborado en marzo por el prestigioso bufete Bercovitz-Carvajal a petición de Promusicae, que agrupa al 95% de los productores de música españoles, y de la Federación Antipiratería (FAP), tenía como propósito rebatir una circular de la Fiscalía General del Estado en la que se recomendaba no perseguir penalmente a quienes descargan contenidos protegidos por derechos de autor a través de programas de intercambio de archivos entre pares (P2P).

Sin embargo, al defender sus tesis y justificar que los usuarios de este tipo de programas sí estarían cometiendo un delito, el bufete perjudicó indirectamente a las entidades de gestión de derechos de autor SGAE y Egeda. Y es que la pérdida de ingresos por los programas P2P era uno de los argumentos que esgrimían estas organizaciones en la lucha a brazo partido que en esos momentos libraban contra los fabricantes de tecnología para conseguir elevar el canon cuanto fuera posible y aplicárselo a otros dispositivos, como los reproductores MP3 y los teléfonos móviles.

Por lo tanto, las entidades impidieron que la Comisión Antipiratería del Gobierno diese luz verde al Informe Bércovitz y se lo transmitiese a la Fiscalía, que sólo había tenido noticia de dicho texto de forma extraoficial.

No obstante, fuentes próximas a la situación confirmaron a LA GACETA que, una vez aprobadas las sumas definitivas del canon, que aseguran a estas entidades que mantendrán intactas sus principales fuentes de ingresos, nada impide a las entidades aprobar este informe y permitir que los productores puedan reclamar a la Justicia que vaya también en contra de los infractores “desprofesionalizados”.

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