A partir de ayer quien compre un móvil con tarjeta de prepago deberá dar sus datos personales. Esto es así porque entra en vigor la Ley de Conservación de Datos en Comunicaciones Electrónicas y Redes Públicas.
Esta normativa, que se enmarca en una directiva europea de seguridad en las comunicaciones, permite a las autoridades policiales conocer la identidad de los titulares de tarjetas prepago de teléfonos móviles en el marco de una investigación.
Las operadoras estarán obligadas a ceder, siempre que así se lo requiera la Policía, los datos conservados «en lo concerniente a comunicaciones que identifiquen a personas, sin perjuicio de la resolución judicial» que lo autorice y que permitan rastrear el destino y el origen de una comunicación, así como la identidad de todas las personas implicadas en ella.
Los datos deberán conservarse durante un año desde el momento en que se produzca la comunicación, pero sólo los necesarios para identificar el origen y destino de la misma, la hora, fecha y duración, el tipo de servicio y el equipo utilizado.
Los más de 20 millones de usuarios de móviles de prepago tienen dos años para facilitar sus datos a su operadora; en caso contrario se quedarán sin línea
Salvo que los usuarios den el consentimiento expreso a la operadora para poder utilizar sus datos para enviarles promociones y ofertas, sólo serán utilizados si los requieren las autoridades, con autorización judicial y para las investigaciones de delitos de terrorismo o crimen organizado. Para otros fines, alguna operadora está preparando un formulario en el que además de los datos obligatorios se requieren otros bajo un apartado de «datos voluntarios».
La ley recoge que los gastos e infraestructuras para la conservación de los datos en nuevas bases correrán a cargo de las empresas.
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