Sobre la pedofilia, Herrero Tejedor señala que representa “una demanda ingente, que da miedo, nunca pude pensar las dimensiones que tiene, y por eso, hasta que se desarrolle y crezca nuestra lucha contra estos delitos, la Fiscalía sólo disparará contra lo que tengamos seguro dentro de ese enorme volumen”.
La descarga e intercambio de estos archivos de pornografía explícita de personas indudablemente menores (especialmente los niños de edad inferior a los 13 años) es uno de los delitos más graves de los perseguidos por este nuevo servicio de la Fiscalía.
A ellos se suman otros (definidos en el Convenio Europeo contra el Cibercrimen, de 2001, todavía no ratificado por nuestro país pero que es la referencia en este asunto) como el espionaje de los ‘hackers’ o ‘troyanos’ (virus que roban datos industriales o bancarios, empresariales o particulares).
La invasión de la intimidad a través del correo o los fraudes informáticos (como la simulación de páginas de entidades bancarias para conseguir las claves de particulares y vaciarles las cuentas) completan un cuadro en el que no faltan las venganzas sentimentales (colgar una foto íntima de la ex junto a su número de móvil, por ejemplo). A ellos se suman los daños a la imagen o a la propiedad intelectual ajenas, por citar otros ejemplos. “Hoy en día cada vez más es más frecuente encontrar cualquier tipo de delito cometido a través de la red”, explica Tejedor.
Sin embargo, ha sido la pornografía infantil la que ha marcado la primera operación de envergadura coordinada por el nuevo servicio. En la operación ‘Santiago’, publicitada hoy, se ha detenido a 30 personas, de las cuales se ha pedido prisión para 15, y se ha imputado a 43, todas ellas implicadas en delitos consistentes en descargar e intercambiar imágenes de pornografía explícita de menores (y en algunos casos de producir estas imágenes), por lo que se enfrentan a penas de entre 4 y 8 años de cárcel.
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