La Asociación de Promotores Musicales de España (APM) denunció ante el Servicio de Defensa de la Competencia, un organismo dependiente del ministerio de Economía, que la SGAE les estaba imponiendo unas condiciones abusivas para poder realizar los contratos. Además de tener que pagar una fianza previa, deben entregar a la entidad el 10% de todo lo que recauden en la taquilla. Tanto el Servicio, como posteriormente, el pasado mes de marzo el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), dieron sin embargo la razón a la SGAE, por lo que la asociación ha decidido acudir ahora ante la Audiencia Nacional.
Batalla jurídica
“Nuestros abogados están trabajando ya en ello para poder presentar la denuncia este mismo mes”, asegura José Luis Martínez, director gerente de la APM. Según dice, “la SGAE cobra un canon altísimo en comparación con las entidades de gestión de otros países. En Estados Unidos o Reino Unido los organizadores de los conciertos tienen que pagar sólo un 3% y en la mayoría de los países de Europa ronda el 5%”.
El TDC reconoce, de hecho, que “las tarifas aplicadas por SGAE en España difieren de las entidades similares en otros países de la Unión Europea”, aunque insiste también en que “esto no sería una condición suficiente para concluir que dicha disparidad suponga per se una conducta abusiva”. En su resolución, el Tribunal va incluso más allá y reconoce que las tarifas no son adecuadas, pero debido a que “los elementos que constan en el expediente impiden su calificación como abusiva”.
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