El ataque de Denegación de Servicios Distribuidos (DDoS, por sus siglas en inglés) que sufrieron a lo largo del pasado miércoles las web del Ministerio de Cultura y de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) no es delito, pero podría conllevar sanciones económicas para los responsables del ‘colapso’ en caso de que los afectados recurran a la vía civil.
Según explicó el abogado especializado en nuevas tecnologías David Bravo en declaraciones a ‘Portaltic’, la duda que podría surgir ante este ataque es «si se trata de un ilícito civil», lo que permitiría tanto a SGAE como a Cultura iniciar una acción judicial «por los daños causados». Más información en Yahoo
