El Gobierno quiere terminar con las llamadas no solicitadas, con el molesto y cada vez más frecuente spam telefónico. Con esos timbrazos a la hora de la siesta al fijo o al móvil para ofrecer un cambio de operadora, un nuevo crédito o una oferta de conexión a Internet. El Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con los de Justicia, Economía e Industria están trabajando en un anteproyecto de ley para trasponer una directiva europea que considera ilegal esta práctica. El Gobierno prevé que entre en vigor antes de final de año.
Realizar propuestas no solicitadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia se considerará una actividad comercial desleal y agresiva, según esta norma. Las compañías que la sigan practicando podrán ser sancionadas. Aún no está decidido el tipo de penalización al que deberán hacer frente pero, según fuentes de Consumo, pueden ir desde una sanción económica hasta el cese de servicios. Este ministerio envió ayer una carta a las seis principales operadoras de telefonía -las que más utilizan este sistema- para exigirles que cesen en estas prácticas que «vulneran los derechos de los consumidores».
El spam telefónico es «totalmente abusivo«, según el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, que explica que el anteproyecto de ley -que incluye además de ésta otras 90 normas- irá al Consejo de Ministros del último viernes de agosto. «Hay que terminar con este tipo de comunicaciones que además de muy molestas pueden llegar al fraude«, dice. Soria asegura que su ministerio ha detectado un incremento de quejas por spam telefónico en los últimos dos años. «Sobre todo ha aumentado desde hace un mes y medio«, precisa.
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