Apple pagará 3,4 millones de dólares en Chile para cerrar la demanda en que se les acusaba de programar un límite de vida en sus dispositivos para obligar a los consumidores a actualizarlos.
150.000 propietarios de iPhone 6, 6 Plus, 6s Plus, 7, 7 Plus y SE demandaron a Apple por elmismo problema de “ralentización del iPhone” con el que Apple lleva luchando desde 2017. Los participantes en la demanda en Chile recibirán un máximo de 50 dólares.
Apple en 2017 lanzó iOS 10.2.1, que incluía una característica que limitaba el rendimiento de los iPhone más antiguos con baterías ya degradadas para evitar que se reiniciara en los momentos de mayor uso. Apple no dedicó suficiente esfuerzo a explicar esta funcionalidad y la lógica que escondía detrás, por lo que los usuarios que experimentaron los efectos de esa característica interpretaron que era un movimiento corporativo típico de una empresa obligando a los dueños de un iPhone antiguo a comprarse un teléfono nuevo para poder recuperar la velocidad de uso.
Como suele ocurrir, la explicación llegó tarde y mal, y la credibilidad de Apple en este asunto estaba perdida, por lo que en muchos países los usuarios se organizaron para presentar demandas colectivas contra la empresa de los iPhone, que aún hoy, casi cinco años después siguen en proceso de resolverse.
La actualización iOS 10.2.1 y las posteriores han introducido nuevas medidas para proteger la vida de la batería y están enfocadas a que el iPhone tenga una vida útil lo más larga posible, incluso cuando la calidad de la batería se degrada.
Aún así, la mentalidad colectiva ha asumido que, digan lo que digan, su fin último es obligar a los usuarios a comprar un nuevo iPhone lo antes posible.
Apple ha creado un programa mundial de sustitución de la batería con precios asequibles para aquellos dispositivos con baterías que están agotando su número de ciclos, y ha introducido funcionalidades adicionales para poder conocer el estado de la batería.
Apple ha recibido demandas similares en Bélgica, España, Italia y Portugal. Apple ya ha llegado a acuerdos extrajudiciales por la demanda en Estados Unidos, pagando entre 310 y 500 millones de dólares, y una investigación llevada a cabo por el estado que le supuso un coste de 113 millones de dólares.
