La UE da vía libre para cortar el acceso a los usuarios de internet sin una orden judicial previa

La Unión Europea aprobó ayer que las autoridades administrativas de los Estados miembros puedan cortar el acceso a Internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor, tal y como quieren hacer Francia o Reino Unido, según el acuerdo alcanzado esta madrugada por los Gobiernos de los 27 y la Eurocámara para reformar la regulación del sector de las telecomunicaciones.

En España, la legislación exige una autorización previa pero el Gobierno estudia cambiar la normativa. El compromiso fue posible después de que la Eurocámara diera marcha atrás en su defensa de los derechos de los internautas. La pregunta por otra parte, es muy sencilla: ¿cómo se va a llevar a cabo esta tarea sin invadir la privacidad en las comunicaciones de los usuarios?.

Nadie parece saberlo.

Para saber si un usuario está descargando un contenido protegido por derechos de autor, la única forma de hacerlo es inspeccionar su tráfico empezando por el volumen del mismo, lo que supone una violación directa de los derechos de la privacidad del usuario.

Es bastante probable que el primer filtro para determinar quien está descargando archivos protegidos por derecho de autor sea el control de volumen de tráfico: a mayor cantidad de GB descargados, mayor posibilidad de que el usuario en cuestión esté "bajando" archivos protegidos. A partir de ahí, se pasaría a la monitorización del tráfico para determinar si los archivos descargados contienen derechos de autor.

Pero no todo el mundo usa el P2P u otros medios de transmisión de archivos (FTP, web de descargas) para descargar archivos con contenidos de autor. Hay mucha gente que usa estos medios de transmisión para distribuir archivos legales: desde música con licencias Copyleft hasta demos de juegos (Feral usa Bittorrent para distribuir las versiones demo de sus juegos).

En el caso de que un usuario "sobrepase" los límites establecidos en cuanto a volumen de descargas, posiblemente será monitorizado en busca de actividades ilegales, saltándose de nuevo una de ley constitucional: la presunción de inocencia. Sin intervención judicial.

En el caso de que el usuario sea advertido de que "está descargando archivos protegidos por propiedad intelectual" basándose en los arbitrarios sistemas de adjudicación de estos derechos deberá justificar ante una serie de empresas privadas la legalidad de sus descargas. Y todo esto, de nuevo, sin intervención de un Juez.

Además, El artículo 18 de la Constitución Española de 1978 establece que:

La misma Unión Europea tiene también leyes al respecto: Dentro de la Unión Europea, el secreto de la correspondencia está garantizado por la Directiva Europea 97/66, de 15 de diciembre de 1997, que obliga a los estados miembros a garantizar, por ley, la confidencialidad de las comunicaciones y telecomunicaciones pasando por "prohibir a cualquier persona que no sea el usuario, sin el consentimiento del afectado, escuchar, interceptar, almacenar las comunicaciones o someterlos a cualquier otra forma de intervención o vigilancia, salvo cuando dichas actividades estén legalmente autorizadas".

Todas estas operaciones se realizan, claro, y a partir de el momento en que los diferentes miembros se acojan a las recomendaciones de la Unión Europea sin la intervención de ningún estamento judicial, y la privacidad de los datos transmitidos pasaría a listados controlados por las operadoras, que casi con toda seguridad serían compartidos con las entidades de gestión de derechos, que serían las que decidirían que contenidos transmitidos están protegidos por derechos de autor. Estos datos serán interpretados en función no de la legitimidad de los mismos, sino en función de la defensa de los intereses de las empresas (privadas) gestoras de derechos de autor.

A cambio, la Eurocámara y los Gobiernos pactaron un nuevo artículo de protección de los derechos de los internautas que no estaba previsto en la versión inicial de la legislación. En él se afirma que las restricciones al acceso a Internet "sólo pueden imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática", una de esas frases que en boca de un político quedan perfectas, pero que leída palabra a palabra no tiene significado alguno en ningún sentido. (Actualizado: también se indica que "Se deberá garantizar un procedimiento previo justo e imparcial, incluyendo el derecho a ser escuchado de las personas implicadas”. pero no se indica quien será el responsable de dirimir y tomar una determinación tras escuchar los argumentos de la operadora, la entidad de gestión de derechos o el usuario)

Este asunto ya ha dado mucho que hablar, y lo va a seguir dando durante los próximos días (y meses), pero deja al usuario de internet en un estado total de indefensión y en manos de entidades de gestión privadas que tienen una larga tradición de acciones arbitrarias que han sido en muchas ocasiones castigadas por la justicia por sobrepasar los derechos de los ciudadanos.

Más información en http://blogcmt.com/2009/11/05/los-10-acuerdos-del-paquete-telecom/