Una sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta a ampliar los impuestos municipales por uso de dominio público de las operadoras a todas las transacciones online.
Los ayuntamientos exploran las fórmulas que pueden emplear para ampliar a los negocios de comercio electrónico la tasas municipales por ocupación del dominio público, que ya cobran a los operadores de telecomunicaciones fijas.
Esta ampliación de los destinatarios de la tasa incluiría así a empresas como Banco Santander, Iberia, El Corte Inglés, Google y hasta 300 compañías con un volumen de negocio conjunto cercano a los 6.000 millones de euros anuales.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que resuelve un conflicto entre las operadoras de móviles y el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), sobre el cobro de la tasa sobre dominio público a estas empresas, abre la puerta a la ampliación de estos impuestos municipales a buena parte de los negocios de Internet.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, aunque ajeno al objeto del asunto que se dirimía, el alto tribunal aclara que son destinatarios de este tipo de tasas «todos los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público», lo que extendería el ámbito de afectados por esta tasa a otros sectores que actualmente tienen dudas sobre su aplicación.
Con los mismos argumentos que se utilizan para exigir estos impuestos a los operadores móviles o a las compañías eléctricas, los miembros del tribunal razonan que cabría entonces incluir a cualquier compañía que utilice las redes de telecomunicaciones fijas para hacer negocio. Éste es el caso de las empresas que operan comercio electrónico.
En esta hipótesis, los ayuntamientos tendrían que ponerse de acuerdo, en torno a la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), para pactar un método de cálculo de la tasa. Así, la más evidente es que cada municipio cobre a estas compañías en función de la población que aglutinan.
De otra forma, resultaría inviable, ya que no es posible calcular el negocio que genera cada empresa que opera comercio electrónico en cada uno de los municipios. Sin embargo, precisamente es la postura del Supremo sobre el cálculo de la tasa sobre los móviles la que ha obligado a la Femp a sentarse a negociar con los operadores su cuantía.
El alto tribunal reconoció el derecho del Ayuntamiento de Badalona a cobrar la tasa a las operadoras, ya que éstas utilizan las redes fijas que han tendido otras compañías usando las canalizaciones instaladas en el subsuelo del consistorio, aunque discrepó del importe que había calculado, señalando que debía ser inferior.
El Supremo cuestiona que se pueda establecer de forma generalizada una tasa del 1,5% de los ingresos brutos logrados por cada operadora en el municipio, ya que deben eliminarse muchos de los ingresos que obtiene cada compañía que no tienen que ver con el uso de las redes fijas de telecomunicaciones.
Las empresas calculan que, si se eliminan los ingresos del roaming internacional, las llamadas móvil-móvil y otros tipos de tráfico, los ingresos que realmente están relacionados con el uso de las redes fijas suponen el 10% del total.
Detrás del análisis de la Femp para determinar si procede cobrar tasas a las empresas de comercio electrónico, está la creciente necesidad recaudatoria de los ayuntamientos. Durante la etapa de bonanza, los consistorios han disparado su deuda, que ahora tienen dificultades para devolver por la caída de ingresos, motivada por el descenso de la actividad económica.
Fuente: Expansión
Y una vez más asistimos al ansia depredadora de los ayuntamientos, autonomías y demás gobiernos. No deja de ser curioso que en espacios en los que ninguno de nuestros gobernantes ha participado (el cableado de telecomunicaciones por ejemplo) se convierta en “dominio público”. Y digo yo, ¿qué significa “dominio público”?¿cobrar por no hacer nada?
Lo que me da a entender que yo como empresa privada desarrollo una serie de instalaciones haciendo una inversión. Luego ofrezco unos servicios en función de esas instalaciones y tengo que pagar a los ayuntamientos que se limitan a poner la mano ¿es eso lo que significa?