El descubrimiento que los servicios de geolocalización de los teléfonos móviles almacenan los datos y, en algunos casos, los envían a la empresa del sistema operativo ha provocado la reacción europea. Los fabricantes de teléfonos y tabletas no deberían vender estos aparatos con el sistema de geolocalización activado. Con ello se pretende que sea el cliente quien tome la decisión de emplearlo y no lo tenga en servicio desconociendo su alcance.
Ello lo establece un dictamen emitido por el grupo de trabajo del artículo 29 en el que se encuentran representadas las Autoridades Europeas de Protección de Datos. En este sentido, el dictamen, dado a conocer este miércoles por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), establece el marco jurídico aplicable en Europa para este tipo de servicios y señala que “de forma predeterminada, los servicios de localización deben estar apagados y que la activación de estos servicios requiere de un consentimiento informado y especifico a los diferentes fines para que los datos sean captados o almacenados”. La entrada en vigor de la medida depende de los Estados. Más información en El País
