El gobierno defiende el Canon Digital
El director general de Política e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, Guillermo Corral, ha defendido el denominado canon digital, con el que se gravan dispositivos susceptibles de ser utilizados para realizar copias de productos culturales, como "el mejor instrumento" para "conciliar" los derechos de los usuarios y los de los creadores.
Corral ha intervenido en el seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander '¿Quién paga la cultura? Del canon digital a la industria del español', patrocinado por la 'Fundación Autor'.
Para el responsable ministerial, el canon, que ha preferido denominar "derecho de participación", logra un "equilibrio" entre el derecho de los usuarios a "disfrutar de los avances técnicos" y el de los autores a percibir compensación económica "por su trabajo".
Importancia de las industrias culturales
Corral ha incidido en que las industrias culturales representan entre el 4 y el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español, además de en sus efectos sobre la proyección cultural de la imagen de España. Si no existiera, ha asegurado, se "abandonaría" una parte "fundamental" de la sociedad.
Además, lo ha contrapuesto a otras alternativas, como la prohibición de las copias privadas, que "limitaría el desarrollo de la sociedad tecnológica".
El responsable de las políticas de industrias culturales ha aclarado que el objetivo de la implantación del canon no es luchar contra la piratería, algo que, ha enfatizado, "es un delito". En realidad, ha explicado, con el canon lo que se pretende es permitir la copia privada a los ciudadanos en sus ámbitos más cercanos.
Rechazo a las críticas
Igualmente, ha rechazado por "irrelevantes" las críticas que se realizan al canon digital aludiendo a que se penaliza por delitos que no se han cometido ya que los dispositivos gravados pueden no utilizarse para realizar copias de productos culturales.
Al respecto, ha indicado que la copia privada no es un derecho en sentido estricto sino un "derecho de posibilidad", de la misma forma que se pagan impuestos por infraestructuras que no todos usan pero pueden utilizar o se pagan seguros ante la posibilidad de necesitarlos.
Finalmente, ha incidido en que el canon en realidad se repercute sobre los productores, que podrían optar por no trasladar esa cantidad sobre el precio final que abonan los usuarios.


