El problema entre Apple y la Autoritá Garante della Concerrenza e del Mercato no es sobre la aplicación de dos años de garantía por parte de la compañía de Cupertino, sino en la forma en al que comunica Apple a sus clientes las opciones de garantía, ofertándoles una opción de garantía ampliada sin advertir clara y concisamente que disponen de esos dos años de garantía gratuita por ley.
Apple por su parte ha publicado una nota breve en la que niega los cargos: “Hemos introducido una serie de medidas para solucionar las quejas de las autoridades italianas y estamos en desacuerdo con su última declaración” según un portavoz de Apple en comentarios a Reuters, añadiendo que según Apple el estamento gubernamental está interpretando incorrectamente la ley.